jueves, 26 de julio de 2007

Paraguay: la lucha por la tierra y la reforma agraria




“Sin una reforma agraria, no hay posibilidad de reactivar la economía paraguaya estancada desde hace varios años”, afirmó Mirta Barreto, quien presentó su libro "Tierras Mal Habidas", durante el ciclo de Cátedras Bolivarianas que coordina el periodista Carlos Aznarez. En su libro, la escritora, periodista e investigadora paraguaya relata de modo llano, el proceso de continuo despojo que sufren los campesinos paraguayos desde la finalización de la Guerra de la Triple Alianza hasta la actualidad. Refleja asimismo, cómo el pueblo paraguayo padece los constantes y sangrientos avasallamientos represivos, promovidos por intereses de la burguesía local y extranjera.


“En Paraguay cuando hablamos de organizaciones sociales, el mayor peso lo tienen las organizaciones campesinas”, destacó Barreto. Agregó que en los gobiernos posteriores de la dictadura nunca figuró la reforma agraria en el proyecto político y que “lo poco o mucho que la gente fue logrando fue mediante los muertos, la lucha y las ocupaciones”.

La escritora paraguaya continuó planteando a los presentes el actual panorama político que pone en vilo a la nación guaraní. Destacó que Fernando Lugo, candidato opositor al partido colorado, posee numerosas posibilidades de cara a las elecciones del próximo 20 de abril de 2008. “La duda se plantea en que las dos mayores organizaciones campesinas: la Federación Nacional Campesina y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, no apoyan el proyecto de Lugo frente a la posible alianza con Lino Oviedo, personaje siniestro para nuestro pueblo”. Dicha circunstancia restaría confianza al candidato por la coalición opositora Concertación Nacional.





El sin fin del destierro guaraní


“Desde los primeros años de la independencia del Paraguay, la afirmación de la soberanía estuvo directamente ligada con la política de distribución y tenencia de las tierras (Tierras mal habidas, Mirta Barreto, Pag 16, Asunción 2006). Durante el gobierno del Dr. Francia, apoyado por parte de amplios sectores de la población rural, se llevó acabo una “particular experiencia” de Reforma Agraria en América Latina. Reforma que le permitió a vastos sectores de la población rural e indígena acceder a la tierra y trabajarla, ya sea siendo propietario de la parcela o arrendándola al Estado. Está medida formaba parte de la implementación de una política económica de autoabastecimiento.

A partir de esa reforma agraria y la posterior expropiación de vastos sectores de tierras por parte del gobierno de Carlos Antonio López, la política de tierra se fue mutando en un paulatino entreguismo de los gobiernos cipayos de turno. Barreto sostuvo que existen tres períodos claves para comprender la vigente problemática que afecta a la hermana República del Paraguay: la finalización de la guerra de la Triple Alianza, la contra reforma agraria stronista y la actual etapa post stronista. Todo este histórico proceso estuvo acompañado del consentimiento pleno de los voraces e inhumanos intereses capitalistas, que segregaron y desterraron al campesino y al indígena de sus legitimas tierras.

Luego de la guerra, el gobierno paraguayo decidió vender gran parte de las tierras fiscales con el objetivo de pagar deudas internacionales contraídas en relación con el conflicto. Por dicha medida, surgieron hacía fines del siglo XIX los grandes latifundios, mayoritariamente en manos de extranjeros con fines especulativos. Uno de los más vergonzosos casos es el de Carlos Casado de Alisal, quien llegó a adquirir increíble cantidad de unas 5.625.000 hectáreas (cinco millones seiscientas veinticinco mil hectáreas), violando la ley de tierras públicas vigente, que en ese entonces limitaba las extensiones.

“Durante la dictadura de Alfredo Stroessner las tierras eran utilizadas como premios a militares y sus amantes, empresarios extranjeros y partidarios políticos”, señaló Barreto. Escudándose en el marco de la antidemocrática “legalidad” propiciada por el dictador, junto con la complicidad del Instituto de Bienestar Rural (IBR), la entrega de tierras fraudulenta se generalizó y se transformó en un engranaje de la maquinaria stronista. Párrafo aparte merece el accionar del IBR, quien disponía de las tierras fiscales o afectaba a las grandes propiedades para asignarlas a los pequeños agricultores, quienes por la falta de subsidios se veían obligados a vender las tierras a los mismos empresarios especuladores. Por ende, Strossner incentivó una devastadora inserción de los capitales multinacionales que ahogaron a los pequeños productores. A este proyecto de país enarbolado por el dictador Stroessner, se le enfrentó una férrea resistencia campesina (encabezada por las Ligas Agrarias Cristianas, con el apoyo de la Iglesia Católica) que fue reprimida brutalmente y en la que varios compañeros dejaron la vida por la causa. Esta etapa dejó unas 12 millones has de los mejores recursos naturales del país en pocas manos a costas del hambre, sudor y sangre de miles de paraguayos.


En la etapa de transición luego de la caída de la dictadura en 1989, el conflicto por las tierras se agudizó. Los mismos grupos beneficiados durante la etapa stronista se encuentran manipulando los hilos de la marioneta política mediante el fraude y la corrupción. A la explotación ganadera y especulación financiera, principales utilidades que se le daban a las tierras mal habidas, se le sumó la creciente demanda para el monocultivo de la soja. De este modo se generó la denominada “agricultura sin campesinos”, la galopante deforestación catastrófica del monte paraguayo y una literal fumigación e intoxicación de los lugareños. El nivel de desempleo y subempleo trepó al 35%, dando como resultado 200 mil familias sin tierra y una creciente diáspora de miles de paraguayos hacia los centros urbanos y posteriormente a otros países como Argentina y España. Consolidados los latifundios y hartos de lidiar con la negligencia burocrática del estado, las organizaciones campesinas recurren a la ocupación de las tierras, defendiendo hasta las últimas consecuencias lo que es suyo por derecho y negado por el gobierno.






Por Ezequiel Alvarez