Desalojo, dólares y basura

Contrastes. La humilde vida de la villa 31 frente a la opulencia y derroche de la clase opresora

Por Ezequiel Alvarez

La realidad late en cada pasillo de las decenas de asentamientos porteños. Es una realidad donde se estanca la vida diaria de miles de personas, donde faltan los servicios básicos, sobra la inseguridad y el miedo al desalojo. Gracias a los años de corrupción e inoperancia política, las soluciones son más propensas a defender los negocios sotto voce que los intereses de los afectados.

El conflicto habitacional que sufre la Ciudad de Buenos Aires es en parte consecuencia de las políticas del gobierno porteño, que sólo se limita a desalojar o proponer alternativas que no llegan a abarcar las necesidades de los vecinos afectados. Al mismo tiempo, se genera un interés por parte del sector de la construcción, sobre terrenos fiscales altamente cotizados donde se emplazan algunos asentamientos. Buscando cambiar la palabra urbanización por erradicación.

Entonces para comprender esta problemática, es necesario tener en cuenta dos elementos, el histórico y socioeconómico. Los asentamientos en Capital Federal datan de fines de siglo XIX, pero toman fuerza a partir de 1930. Por medio de las migraciones internas y externas, fueron multiplicándose en los grandes centros urbanos, en especial en la Ciudad de Buenos Aires. En su momento, gracias a la demanda de mano de obra para los sectores industriales, y posteriormente, durante el auge de las políticas neoliberales, miles de inmigrantes de países vecinos fueron atraídos por al tipo de cambio peso - dólar. Al llegar, en mucho de los casos, el único lugar donde podían intentar edificar sus viviendas era en terrenos abandonados o villas ya asentadas.

Luego de las políticas de saqueo implementadas durante la última dictadura militar y los gobiernos democráticos de turno, la crisis económica profundizó aún más el crecimiento del índice de personas bajo la línea de pobreza y se estima que actualmente crece el 10 por ciento anual. Al mismo tiempo, se generó en la opinión pública una relación entre en narcotráfico, el delito y las villas. Es decir, el único responsable del crecimiento de esta problemática es el Estado, quien no supo encontrar medidas preventivas ni una solución efectiva en cada momento para ponerle coto a la situación.

Por estos motivos, los habitantes involucrados poseen un fuerte sentido de pertenencia en las tierras que viven y en mucho de los casos se sienten excluidos socialmente por la discriminación. De este modo, no se los puede echar por no encajar en un proyecto urbano, sino que se debe adecuar dicha iniciativa en torno a la necesidad de la población afectada, buscando una integración total. Este reclamo si se lleva a la práctica en otros asentamientos ubicados en terrenos que no despiertan el interés de los sectores inmobiliarios, como el Barrio Pirelli y la villa 1/11/14, en donde se están construyendo nuevos complejos de viviendas.

Sucede todo lo contrario en la villa 31/ 31 bis de Retiro, transformada en el botín de guerra de la Capital Federal. El asentamiento, que se encuentra separado por la autopista Illia, nació a mediados de los años 40, mediante una iniciativa del gobierno nacional, quien cedió terrenos baldíos a grupos de trabajadores italianos. Luego de 60 años, y con más de 25 mil familias en una extensión de 15 hectáreas, se encuentra edificada sobre una mina de oro, donde el metro cuadrado está tasado en más de seis mil dólares. Cifra que engendra el fantasma del desalojo en cada pasillo y rincón de la pequeña ciudad de ladrillos a la vista. A pesar de que los propios vecinos de la villa 31/31 bis hayan presentado su propio proyecto de urbanización, con el asesoramiento de la Facultad de Ingeniería.

Ni lerda ni perezosa, la gestión Macri ya comenzó las tratativas para llevar adelante el Plan Retiro 2010, a cargo de la Corporación Puerto Madero, que incluye un nuevo centro comercial subterráneo, hoteles cinco estrellas, torres, otra estación de ómnibus y una nueva red ferroviaria en el espacio que hoy ocupa la villa. Encarando la iniciativa desde una perspectiva que no busca la inclusión social y geográfica de estos sectores más pobres y que sepulta cualquier esperanza de una urbanización. Pero seria erróneo responsabilizar únicamente a la actual gestión, cuando la idea ya ha sido caballo de batalla recurrente en las elecciones porteñas y las voces a favor han sido varias.

Pero no sólo el desalojo es partener de las tierras de alto valor inmobiliario. Desde el IVC no surgen planes de urbanización ni respuesta alguna para los asentamientos edificados sobre terrenos privados, como el barrio El Pueblito, emplazado en barrio de Nueva Pompeya al costado del Puente Valentín Alsina. En ese terreno, donde funcionó hasta 1998 un playón de la empresa de colectivos El Trébol S.R.L, desde el 2001 se comenzaron a levantar más de 50 viviendas de material, junto a varias casillas de chapa y madera, ubicadas a menos de un metro del Riachuelo, uno de los ríos mas contaminados del mundo. Las cloacas son el río, las garrafas abundan, sólo unos pocos tiene agua corriente y un precario tendido eléctrico zigzaguea entre las casas. La suerte de sus habitantes, al igual que la de miles de otros porteños en su misma situación, se encuentra supeditada a la decisión de la justicia.

A este panorama de intereses y falta de políticas que aborden la totalidad de las problemáticas habitacionales de la Ciudad, se le suma la condición insalubre en la que habitan los vecinos de los asentamientos, en especial los que se encuentran en la rivera del Riachuelo, donde abundan los basurales a cielo abierto y los desechos industriales. Debido a las deficiencias en el vertido de aguas servidas, las infecciones se proliferan, y en muchos casos las cifras son preocupantes. Según un estudio multidisciplinario realizado por científicos de la UBA, más del 80 por ciento de los chicos de la villa 21-24 de Barracas tiene parásitos.

“En 15 años permitieron que se construya el futuro de la gente de la villa 21-24 sobre la basura”, denunció el juez Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo, en referencia a la falta de políticas habitacionales de las últimas gestiones porteñas. Es obligación del actual gobierno de Macri y sucesores, que dentro de 15 años esta frase no se vuelva a repetir, utilizando como arma las soluciones de los déficits habitacionales y no callando a los sectores humildes mediante su erradicación.


Fuentes:

· Los más pobres en tierras muy caras, Diario Pagina 12, Lunes 30 de Julio de 2007
· Tiene parásitos más del 80% de los chicos de la Villa 21/24, Diario La Nación, Lunes 4 de diciembre de 2006
· Intiman al Estado a urbanizar una villa de Barracas, http://www.perfil.com/contenidos/2007/09/07/noticia_0063.html
· Los vecinos de las villas 31 y 31 bis presentan su propio proyecto de urbanización
http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0272/articulo.php?art=8150&ed=0272
· El negocio de la miseria http://radiopasillo.wordpress.com/2007/08/25/el-negocio-de-la-miseria/
· http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ivc/?menu_id=23535
· Entrevista con funcionarios del IVC y vecinos del Barrio El Pueblito

Le medimos su soberanía (La falacia relacional en el índice del Riesgo País)

Invieltan en Algentina!!!

por Rolando García Bernado

Celso Furtado indicaba en un artículo de 1968 llamado “La concentración del poder económico en los Estados Unidos y sus reflejos en América Latina” que lo que marcaba a las economías latinoamericanas era que su centro decisional no se encontraba en el país sobre el cual se tomaban decisiones de inversión que afectaban al crecimiento económico. Aun sin llamarlo así, la dependencia es este vinculo establecido entre un centro de decisión sin residencia, o con residencia en un país central, permite evaluar la utilización más racional de recursos financieros. La resultante del proceso de concentración e integración de postguerra son estos conglomerados gigantescos con una enorme capacidad financiera, que requieren evaluar rápidamente inversiones a nivel global, optando entre colocaciones en un país o en otro dependiendo de la tasa de retorno que estas otorguen.

En esta ocasión nos gustaría explorar que hay detrás –un detrás sociológico- del indicador mas resonante de las consultoras de riesgo de inversión a nivel mundial. Se trata del aclamado Riesgo País.

El índice del Riesgo País se popularizó en Argentina en los meses previos a la crisis social del 2001. En realidad, cuando se hablaba públicamente del Riesgo País, se estaba difundiendo lo que técnicamente se conoce como Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) que busca, nuevamente en términos técnicos, medir el riesgo de adquirir bonos de deuda publica de un estado determinado. Mientras que en Argentina los diarios y medios de difusión a las masas mostraban diariamente el progreso del EMBI+, los escritos técnicos de economistas del CEMA y otros núcleos de pensamiento neoclásico mantenían la creencia de que no se puede evaluar el índice en su desempeño en un solo país, sino que el procedimiento correcto es comparar entre los países de la región. Se planteaba una mirada desde el punto de vista del inversor con opciones a nivel global (como no puede ser de otra forma dentro de este paradigma, la mirada de la economía al servicio de la acumulación de capital). Esto no es de ninguna manera sorprendente, ya que quién hace el cálculo del riesgo país es un banco de inversión, siendo entre estos la más popular la antigua financiera J. P. Morgan. El Riesgo País puede ser y es calculado por un número de bancos y financieras con portafolio de inversores, las cuales en su enorme mayoría pertenecen a conglomerados con sede en Estados Unidos. Los cálculos del este indicador son distintos para cada entidad aunque coinciden en involucrar un número de dimensiones similares.

A nivel teórico se trata de un índice, compuesto por indicadores dentro de dimensiones determinadas. El procedimiento regular para la construcción de un índice sociológico –explicaremos que no puede ser comprendido de otra forma por la calidad de las dimensiones que involucra- es partir desde un concepto general (en este caso “Soberanía”), obtener de él dimensiones que lo compongan (en este caso, el riesgo país involucra una dimensión Financiera, una dimensión Económica y una dimensión Política). Para cada una de estas dimensiones se desarrollan un número de indicadores que son luego ponderados para obtener el índice final. El índice es básicamente útil para una inversora financiera privada y al estar calculado por ellas mismas, la publicidad de las ponderaciones y los factores intervinientes queda a criterio de la entidad.

Técnicamente, el elemento popularizado del Riesgo País es una cociente entre la tasa de retorno que otorgan los bonos de deuda pública del tesoro estadounidense a 30 años y los bonos de deuda pública de un mercado “emergente” (en denominado EMBI+). El EMBI esta dentro del cálculo del Riesgo País como un indicador clave, por su publicación cotidiana y por su carácter matemático explicado al comienzo del párrafo. Como indicador, el EMBI esta basado en el siguiente razonamiento: las inversiones de menor riesgo tienen menores tasas de retorno, mientras que a medida que incrementa el riesgo de cesación de pago de una deuda hay mayor retorno. Bajo este razonamiento, la diferencia entre los bonos públicos estadounidenses, considerados los más seguros del mundo, y los bonos públicos de los mercados “emergentes” entrega un total de puntos básicos, que multiplicados por cien nos indican el EMBI de un país. Al ser comparado con otro tenemos una idea del riesgo. El EMBI luego se introduce en una ponderación que lo hará pesar más o menos y el resultado es el riesgo soberano.

Luego de este desarrollo necesario, la pregunta que realmente nos parece importante es ¿Qué permite a un diario publicar un índice de inversión privado cómo información pertinente? ¿Porqué hay interés en este índice? Sabiendo que el índice de riesgo país es considerado “índice de soberanía” en los Estados Unidos ¿Cómo se matematíza la soberanía de un país? ¿Cómo se legitima el uso de un índice de estas características?

En términos de capitalismo global, el riesgo país y los cálculos de índices de deuda pública aparecen bajo la concepción de mercado emergente popularizada en los años ´80. El mercado emergente es un país que comienza a abrirse o se abre absolutamente a la colocación financiera. Son estados en necesidad, por distintas coyunturas, de recibir préstamos o de convalidad préstamos realizados a entidad privadas residentes, y se presentan como garantes más o menos sólidos, aceptando muchas veces un número de condiciones para cumplir ese papel. El fenómeno no es nuevo para el capitalismo, pero su difusión inaudita en aquellos años tiene que ver con un nuevo tenor del capitalismo mundial globalizado, que involucra el aceleramiento de los tiempos económicos, si bien no de las interrelaciones entre países, que por supuesto ya existían y son conceptualizadas de distinta manera por la economía como disciplina desde prácticamente su nacimiento. El riesgo país y los cálculos de los índices de soberanía son entonces una manifestación más de esta necesidad de información, pero también funcionan como dispositivos de control: las financieras trabajan por supuesto bajo un paradigma neoclásico de cómo deber actuar un país determinado para ser garante seguro de la deuda, garantía que va mucho más allá de la liquidez o posibilidad de afrontar los pagos de la deuda, y que involucra el “tenor político” de los distintos países. El índice en todo tiempo actúa como un termómetro que mide “sensaciones térmicas” de los grandes capitales sobre los países en los que se invierte. Las comparaciones, defendidas por algunos economistas como necesarias para entender el desempeño de un país, se realizan desde esta visión de portafolio de inversión, y su objetivo es que el gobierno residente piense como el capitalista extranjero con opción de rápido translado de sus inversiones (el supuesto ortodoxo de movilidad máxima de capital). La comparación entonces es según el punto de vista del agente inversor, pero de ninguna forma de carácter económico real, sino que esconde relaciones efectivamente existentes entre economías regionales.

Es curioso ver la disputa técnica que conducen ciertos economistas por el uso de este indicador. Reiteradamente se sostiene que el nivel alto del índice es un buen indicador de posibilidad de cesación de pagos y de crisis financiera. Sin embargo, el buen desempeño del índice (implica que el país se haya vuelto “más soberano”), no habla ni del desarrollo del país ni de su crecimiento, sino de su solidez o empeño en afrontar los vencimientos de los bonos de deuda. Como dijimos, la idea de fondo es establecer comparaciones entre países como si hubiese un normalizador en la ecuación de índice que permitiera simplificar todas las relaciones económicas entre los distintos países y lo que afecta a sus determinados contextos coyunturales. Esta lógica de manejo del índice es justificable para un inversor, pero difícilmente pueda ser utilizable por un estudioso de la realidad social y política de un país, para defenderla como más o menos sólida que la de otro. Este presentar una “no relación”, o una relación establecida por el intérprete, oculta o solaya las relaciones que se dan en el mundo real, en el caso de los países que reciben dicho diagnóstico, relaciones de dependencia, interrelaciones comerciales y políticas entre países de una región, presiones desde unos países hacía otros, diplomacia, etc. Las críticas entonces a su uso privado, no tienen lugar: responden a la dinámica del capitalismo contemporáneo, de globalización financiera y deben ser tomados como una manifestación de cómo el mundo opera actualmente. Sin embargo, su factibilidad “científica” es cuestionable en la medida en que es defendido como un índice científico en la esfera pública. Entonces las críticas al uso público deben ser sólidas, porque detrás de este se encuentran los hilos del poder.

La conceptualización de países emergentes involucra a dos regiones en las que esta subdividido el riesgo país. La primera latinoamericana (Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, México, Venezuela, Perú y Argentina); y una no latinoamericana (Morocco, Bulgaria, Nigeria, Polonia, Filipinas, Rusia y Corea del Sur). En America Latina se trata de un período de dictaduras militares donde el capital financiero instala su dominio sobre fracciones del capital productivo, y la burguesía se internacionaliza, profundizando el proceso que Furtado describe para la década del 70. En el caso de argentina (1981) la nacionalización de la deuda privada en las antípodas de la dictadura que involucra al entonces presidente del BCRA Domingo Cavallo es el primer pico de riesgo país registrado. La crisis en ciernes de los bancos estadounidenses impulsa la utilidad de una herramienta utilizada para asesorar a los capitales golondrinas, con gran liquidez y capacidad de viajar de una región a otra en cuestión de días, permitiendo esta comparación entre países abiertos al capital financiero.

La publicidad que se le dio a este indicador durante los meses previos a la crisis no tiene relación alguna con el conocimiento real de cómo este actúa. Tal vez actuó más bien, y en esto algo de razón tienen los economistas que desarrollan teorías vinculadas a las expectativas, como una legitimación a que todo marchaba mal y se venia el desmadre. Y más probablemente como un impulso de los medios de comunicación para condicionar las expectativas sobre el gobierno derechista de Fernando De la Rúa. El carácter matemático del EMBI+ y el discurso pretendidamente aséptico de los economistas neoclásicos permitieron recubrir a esos números con significado nebuloso de un manto cientificista, de frialdad matemática. El vicio en el que cae la economía neoclásica, cuestionado en todos sus frentes, pero arraigada aun en nuestras universidades debido a su respaldo y poder económico y político, fue endiosado por los medios, ocultando su carácter protosociológico. Nuevamente quienes tienen el poder pueden escribir la historia, y en una suerte de profecía autocumplida uno puede leer las apariciones casi diarias de este indicador en los medios como una evidencia de la razón que tenían quienes los calculaban. Pero esto genera algunos problemas cuando vamos a la realidad económica del periodo, y analizamos como las tasas de retornos de las empresas de servicios privatizadas, y las grandes transnacionales se mantenían constantes a lo largo de la crisis.

Hoy en día el riesgo país sigue cubierto de un velo místico, que permite a su aparición regular en titulares. En parte se ha consolidado como estrategia de dominación, al instalarse en la agenda del gobierno como indicador susceptible, al que hay que estar atento, lo que conduce a una mayor atención a otros indicadores antes “invisibles”, como el de deuda pública de la Standard&Poor, consultora que es parte de un conglomerado estadounidense que actúa en medios de difusión (televisión, revistas), en construcción y energía entre otros. El análisis serio de estos indicadores permitirá develar que se encuentra detrás de ellos y lanzar luz a los nuevos mecanismos de dominación dentro de la etapa contemporánea del capitalismo mundial.


Lea El León...no sea necio

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La Guerra, el negocio de unos pocos

Un helicoptero de Blackwater Security sobrevolando las calles de Bagdad

Por Ezequiel Alvarez

El futuro es incierto. Estados Unidos de Norteamérica, junto a varios estados integrantes de la Unión Europea, se encuentran sumidos en crisis económicas con germen de feroz recesión. Frente a este panorama, sumado al aumento precios de los hidrocarburos y a la crisis alimentaria, muchos de los países del primer mundo ven una salida, la búsqueda de recursos naturales en otros territorios. A fuerza de bombas, se ha abierto el bazar a los mejores postores.


Disfrazado en la lucha contra el terrorismo, el siglo XXI amaneció teñido en sangre y dividido en dos bloques marcados, Occidente y Oriente, produciendo una confrontación entre dos culturas. Esta lucha armada y política se encuentra sometida a las asimetrías económicas y de influencias en el ámbito internacional de estos dos bloques ideológicos y regionales. Por un lado se encuentra el bloque occidental encabezado por EEUU y países aliados, incluso en Medio Oriente, como es el caso de Israel, y un Oriente empobrecido donde reina el Islam y no existe una concertación a nivel gubernamental para forjar una unión regional fuerte, generando un clima propicio para la injerencia extranjera.


Uno de los puntos particulares es que luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001, los conflictos en Medio Oriente tendieron a enfrentar a individuos o grupos reaccionarios (caso Al Qaeda y Hamas) con las grandes potencias afectadas. En la invasión de Afganistán, el cobijo de Bin Laden en suelo afgano fue el pretexto para la maniobra militar Aliada. En la actualidad, muchos movimientos armados o que cuestionan las concepciones neoliberales, son agrupados bajo la etiqueta de terrorismo internacional, club de notables del cual fue retirado Nelson Mándela el pasado 8 de mayo como regalo de cumpleaños por el Congreso de EE.UU.


"A los estadounidenses nos gusta decir que no existe la comida gratis. Tampoco existe una guerra gratis. Estados Unidos y el mundo seguirán pagando el precio de Irak durante muchos años", señaló Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001 y coautor, con Linda Bilmes, de The three trillion dollar war: the true costs of the Iraq conflict.


Las cifras de la guerra de Irak y Afganistán intimidan. Los más de seis billones de dólares gastados por los Aliados han dado como resultado, solo en suelo iraquí, 600 mil muertos, 6 millones de desplazados y un puñado de vencedores: las empresas estadounidenses como Halliburton, petrolera ligada al vicepresidente Dick Cheney, y Blackwater Security, el mayor ejército mercenario al servicio de Bush. Mientras Irak era arrasado por la maquinaria militar aliada, los gobiernos invasores y las firmas se estaban dividiendo los suculentos intereses económicos detrás de las intervenciones armadas.


Es decir, el civilizado Occidente plantea una guerra como solución a las amenazas terroristas, cuando simplemente busca réditos económicos en los recursos naturales de los países ocupados. Mientras, la barbarie de Oriente, mediante los ataques suicidas, y la resistencia guerrillera y de sectores fundamentalistas, están sumergiendo a las tropas aliadas en un futuro fracaso militar. Occidente esta dispuesto a matar, Oriente esta dispuesto a morir matando.


La principal causa de los denominados actos terroristas es el sistema de capitalismo feroz. La desigualdad y la injusticia es un resultado de las políticas de opresión y bloqueo socioeconómico a los cuales son sometidos los pueblos que no forman parte del neoliberalismo imperante. Frente a este contexto, la opinión pública, muchas veces bajo la influencia de los lobbys de la información, solo se limita a tener una visión sesgada de la realidad. Mientras la guerra sea un negocio, y los recursos naturales ajenos una fuente de codicia, el término paz solo se podrá encontrar en algún diccionario tirado entre los escombros de alguna escuela bombardeada en Bagdad.




Fuentes:

http://www.pts.org.ar/spip.php?article10122


Diario El país, 16/09/2001

Diario El país, 28/06/2008

Diario El país, 13/03/2008

Cívicos independentistas de Tarija : “Queremos guerra civil”

El fascismo dice presente en Bolivia

La Epoca 12-09-2008

Luego de enfrentar una derrota a manos de campesinos, gremiales y estudiantes, el dirigente cívico, Nelson Valdez, desquita su ira amenazando con la balcanización de Bolivia y una guerra civil para la cual, según el, los cívicos están listos y deseosos.

Una demostración de valor y dignidad ayer en Tarija cuando cívicos y empleados de la prefectura trataron de tomar, por la violencia, las instalaciones de la Radio Patria Nueva, la sede de la Federación Departamental Única de Campesinos (FDUC) y el mercado local, pero se encontraron con la resistencia de mujeres, gremiales y campesinos que lograron evitar la ocupación de dichas instituciones.

Armados con palos, piedras, cócteles molotov y armas blancas, más de un centenar de cívicos y trabajadores de la prefectura, apoyados por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, iniciaron una jornada de enfrentamiento con la policía y los militares con la toma y saqueo de instituciones publicas.

La iracunda horda se comenzó dirigiéndose hacia la Aduana donde después de saquear las oficinas de la institución se apoderó de un bus y una vagoneta que luego fueron incendiados en la calle, la toma luego se extendió hasta el aeropuerto "Oriel Lea Plaza" y posteriormente un enfrentamiento con los policías y militares quienes al final tuvieron que replegarse debido a la creciente intensidad de los ataques por parte de los manifestantes.

Luego de replegada la policía la turba se dirigió hacia la sede de la Federación Departamental Única de Campesinos, la Radio Patria Nueva y el mercado local que se encontraba cerca de estas dos instituciones, sin embargo, el avance de los cívicos se vio detenido por una creciente multitud conformada por mujeres, gremiales y campesinos que estaban dispuestos a ofrecer resistencia.

La violencia se desató casi inmediatamente y en la lucha resultaron heridas mas de 49 personas de ambos lados, entre quemados y apedreados, al frente de los gremiales y campesinos se encontraba la presidenta del Comité Cívico Popular, Marina Hoyos, quien exhortaba a sus compañeras a no abandonar la lucha, "No se vayan compañeras, tenemos que resistir, vengan luchemos para defender nuestras pertenencias", como lo registró la agencia de noticias ABI.

A pesar de tener que resistir las violentas arremetidas de los cívicos que lanzaban cócteles molotov y cacharros de dinamita la resistencia fue intensa y a ella se sumaron estudiantes universitarios, el Comité Cívico Popular y unidades de la Policía Departamental que lograron evitar la toma y saqueo de las instituciones.

Cívicos, "queremos guerra civil"

Durante la jornada del miércoles el dirigente cívico, Nelson Valdez, declaró a los medios que si no se reconocía el carácter autonómico del departamento de Tarija este podría separarse del país y aseguró que los cívicos están listos para una guerra civil.

Luego del frustrado intento de toma de los medios de comunicación estatales y las instalaciones del FDUC gracias a la resistencia entregada por mujeres, campesinos, estudiantes y gremiales, Valdez exigió la salida del Ejército y la Policía del departamento al calificarlos como "un sindicato del MAS" y aseguró que no habría ningún inconveniente en disparar contra las fuerzas del orden.

Valdez expresó también que ellos (los cívicos) habían sido subestimados por el gobierno y que estaban listos para una guerra civil, para ello pidió al gobierno que retire a la Policía y al Ejercito de modo que el enfrentamiento se de solamente entre civiles.

"Queremos guerra civil y van a tener guerra civil", exclamó el dirigente cívico y luego recordó que Tarija había pasado a ser parte del territorio boliviano por decisión de su pueblo y que si el gobierno no aceptaba al departamento chaqueño como autónomo este se vería obligado a "revisar" y "revocar" su anexión al país.

Luego declaró a Tarija como "libre, soberano e independiente" y calificó a los hechos de violencia y racismo como un desborde social organizado para defender la soberanía del departamento.

La "democracia" que pregona la derecha boliviana

Crece la violencia oligárquica en Bolivia: 10 muertos. Qué buscan

La escalada de violencia es promovida por los sectores fascistas y pro-yankees.


Agencias / La Haine

Evo expulsa al embajador yanqui y el régimen de EE.UU. responde con la misma
medida. Chávez dice "Váyanse al carajo, yanquis de mierda" cuando anuncia
también la expulsión del embajador yanqui. En el fondo de la revuelta
fascista están los millones de has. de tierras indígenas malhabidas

Las protestas organizadas por la oligarquía terrateniente contra Morales
derivaron ayer en violentos choques que dejaron 10 muertos en el municipio
norteño de El Porvenir, a 35 kilómetros de Cobija, la capital del
departamento opositor de Pando.

Los grupos "civiles" parapoliciales enviados a El Porvenir estaban armados
con rifles calibre 22 y revólveres de diferente tipo. La policía, como hace
siempre que la que ataca es la derecha, "intentó intervenir, pero se vio
obligada a replegarse". Un ingeniero de la Prefectura de Pando, un concejal
de la localidad de El Porvenir, dos campesinos y otras seis personas que no
habían sido identificadas murieron en los choques, que dejaron además 30
heridos.

Tras la ocupación y el saqueo de oficinas públicas y la toma de tres
aeropuertos en los últimos días, los fascistas tomaron ayer varias
instalaciones gasíferas y provocaron una importante restricción de las
exportaciones del fluido, la principal fuente de divisas de Bolivia.

La petrolera Transierra había cortado temprano el envío de 14 millones de
metros cúbicos de gas a Brasil (la mitad del total adquirido por ese país)
tras el cierre de la válvula en el municipio de Machareti, a 70 kilómetros
de la frontera con Paraguay. Tras siete horas de interrupción, informó que
había reanudado los envíos de gas.

Grupos fascistas también obligaron a técnicos de Transierra a cerrar una
válvula que envía gas natural a la Argentina desde la planta de Pocitos,
cerca de la frontera. Al mediodía, la petrolera estatal local YPFB informó
que había suspendido los despachos de gas a la Argentina a causa de la toma
de una estación fronteriza del gasoducto por manifestantes.

Cinco de los nueve departamentos del país (Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y
Chuquisaca) se han declarado en pie de guerra contra el gobierno, en teoría
para exigir la devolución de un impuesto a los hidrocarburos creado
recientemente por Morales. En realidad, se oponen a la Constitución
socialista e indigenista (ver más abajo).

En cuatro de estos cinco departamentos, los fascistas han aprobado estatutos
autonómicos de corte neoliberal para obstaculizar la aprobación de la
Constitución de Morales.

"Váyanse al carajo, yanquis de mierda"

El presidente Chávez le dio 72 horas a Patrick Duddy para salir del país,
luego de que Bolivia y E.U. expulsaron mutuamente a sus embajadores, Philip
Goldberg y Gustavo Guzmán.

Así, lo que comenzó con una crisis interna de Bolivia, por la rebelión de
las regiones autonomistas contra el presidente Evo Morales, con choque entre
opositores y oficialistas y que había dejado ya ocho muertos en medio de
tomas de aeropuertos, de instalaciones de hidrocarburos, y explosiones de
oleoductos, tomó anoche ribetes internacionales.

"A partir de este momento tiene 72 horas el embajador yanqui en Caracas para
salir de Venezuela, en solidaridad con Bolivia (...) y mandé por nuestro
embajador", indicó el mandatario. "Váyanse al carajo, yanquis de mierda
(...) Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis de mierda", agregó Chávez
en un acto de apoyo al candidato de su partido para las elecciones
regionales de noviembre, celebrado en Puerto Cabello, 120 km al oeste de la
capital.

Además, amenazó con suspender el suministro de petróleo a Estados Unidos, su
principal cliente, si Washington arremete contra su gobierno: "Hago
responsable por el envío petrolero de Venezuela (al gobierno de) aquel país,
si viniera alguna agresión hacia Venezuela. No habrá petróleo para el pueblo
de E.U.".

"Señor canciller Maduro, mande por nuestro embajador antes de que lo echen
de allá. Que regrese a la patria", ordenó el presidente venezolano.

Qué buscan los oligarcas

Como en casi todas las confrontaciones políticas contemporáneas en Bolivia,
la disputa por la tierra es el catalizador de la violenta revuelta
separatista que estalló en Santa Cruz.

Los pueblos indígenas y campesinos reclaman la devolución de territorios
despojados a sus ancestros, y la burguesía terrateniente cruceña defiende
sus latifundios mal habidos activando un golpe cívico prefectural en Santa
Cruz, el departamento más extenso y desarrollado de Bolivia.

Luego de tres siglos de sistemático despojo del territorio indígena durante
la colonia y la República, la reforma agraria de 1953 entregó a un sector
minoritario las tierras más ricas que quedaban en la región amazónica y
chaqueña, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas, y sin
el mínimo sentido de proporción y equidad.

Desde 1953 hasta 2002 el Estado distribuyó aproximadamente 35,9 millones de
hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz entre 144.162
beneficiarios, estima el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Más de 54 mil pequeños propietarios que representan el 38 por ciento de los
beneficiarios obtuvieron 2,2 millones de hectáreas, es decir el 6,3% de la
tierra distribuida. Un poco más de 22 mil medianos empresarios (15,3 por
ciento de los beneficiarios) recibieron más de 7,3 millones de hectáreas
(20,5% de la superficie). Alrededor de 31 mil personas (22% de los
beneficiarios) consolidaron derechos colectivos sobre 6,2 millones de
hectáreas de tierras comunitarias de origen-TCO (17,4% de la superficie).

Y finalmente, en la inequitativa repartija, 11.140 grandes empresarios
agropecuarios, que representan el 7,7 por ciento de los beneficiarios, se
apropiaron de casi 19 millones de hectáreas, es decir el 52,6% de la tierra
cruceña distribuida en 50 años.

En este último grupo de privilegiados, sólo 860 dueños de predios de más de
5 mil hectáreas de extensión concentran la propiedad de 8,7 millones de
hectáreas. Los cuatro más ricos entre los ricos son dueños de latifundios de
más de 50 mil hectáreas. Estos cuatro potentados ostentan en conjunto
802.878 hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz.

Latifundio y servidumbre

La "escandalosa" concentración de la tierra provocó conflictos que dañan las
bases de la convivencia civil y es caldo de cultivo de regímenes de opresión
y explotación laboral semi feudales que se creía superados por la
"modernidad". La servidumbre indígena, una lacra con profundas raíces
históricas, aún no ha sido erradicada al comenzar el Siglo XXI.

Centenares de familias guaraníes son sometidas a jornadas de trabajo forzoso
de hasta 15 horas diarias en algunas haciendas en las provincias Cordillera,
Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco de los departamentos de
Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

Esta gente no goza de derechos laborales elementales y trabaja en una
condición de servidumbre por deudas análoga a la esclavitud, confirman
decenas de informes y estudios. Los patrones definen las condiciones y
duración de la jornada de trabajo de sus pongos, las modalidades de pago, el
registro de deudas, la forma de administración de los anticipos y la
frecuencia de los "arreglos".

Los cautivos analfabetos, que desconocen sus derechos y no tienen forma de
controlar las cuentas, pierden su libertad y son obligados a trabajar de por
vida e inclusive a heredar deudas a sus hijos.

Este tipo de explotación servidumbral está presente en otras zonas rurales
del departamento de Santa Cruz como la Chiquitanía.

Los indígenas chiquitanos comenzaron a ser sometidos a trabajos forzosos en
los últimos dos decenios del siglo XIX en el auge de la explotación gomera,
y en los años 30 del Siglo XX durante la construcción del ferrocarril a
Puerto Suárez. Algunos huyeron del "empatronamiento" y fundaron en el monte
comunidades como Lomerío y Monte Verde, pero no todos se salvaron del
cautiverio y de la "esclavitud por deudas".

La reforma agraria de 1953 liberó a algunas poblaciones explotadas, pero se
mantuvieron las estructuras agrarias pre modernas, luego consolidadas por el
gobierno neoliberal y terrateniente de Gonzalo Sánchez de Lozada
(1994-1997).

Al comenzar el siglo XXI aún pueden verse en el área rural de Santa Cruz
sistemas semi feudales y actores que pugnan por mantener estructuras "no muy
modernas", con la mirada puesta en los recursos naturales como el hierro o
las mismas tierras, observa el antropólogo Bernd Fischermann, que estudia
desde hace décadas los sistemas de acceso y tenencia de la tierra en la
región chiquitana. (Chiquitanos y la propiedad comunal de la tierra, PIEB,
http://www.pieb.com.bo/nota.php?idn=3068).

"Confiscación de la propiedad privada"

El 8 de marzo de 2008, la Cámara Agropecuaria de Oriente, la Prefectura y el
Comité Cívico de Santa Cruz, junto con autoridades municipales y hacendados
de la provincia Cordillera conformaron "comités de defensa" de las haciendas
del Chaco. El 14 de mayo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia
(Congabol) y otros gremios patronales crearon un Comité Interinstitucional
para evitar la "confiscación de la propiedad privada productiva" y el
reparto "político" de tierras, es decir la titulación de las tierras
comunitarias de origen (TCO) guaraní en Alto Parapetí.

Ahora las elites cruceñas imponen a palos un estatuto autonómico que otorga
exclusivas competencias legislativas y ejecutivas sobre la tierra a un
gobierno cruceño tan autónomo como una republiqueta independiente, y cuyo
principal mandato es proteger la gran propiedad privada de la tierra de los
terratenientes que encabezan el movimiento cívico prefectural de Santa Cruz.

El líder cívico Branco Marinkovic, enjuiciado por apropiación ilícita de más
de 27 mil hectáreas de tierras fiscales e indígenas, impone un régimen
autonómico fascista que niega a comunidades indígenas despojadas su derecho
a la tierra; que viola varios tratados internacionales suscritos por el
Estado boliviano y que mantiene las relaciones laborales esclavistas en
haciendas mal habidas.

No es una prioridad para la "república autonómica" cruceña corregir la
desmedida concentración de tierras en pocas manos sino suspender la
titulación de nuevos territorios indígenas.

El prefecto Rubén Costas y el cívico Branco Marinkovic dicen que la tierra
de Santa Cruz pertenece exclusivamente a los cruceños, pero les niegan una
TCO a los guaraníes del Chaco, los primeros cruceños.

Obama, más de lo mismo en Afganistan

Obama escuchando al General Petraeus

por Marc W. Herold

A finales de 2006, Anthony Cordesman, intelectual afecto al Departamento de Defensa de Estados Unidos, además de hincha entusiastade las bombas de precisión, anticipó una serie de propuestas que supuestamente debían favorecer la victoria estadounidense en Afganistán. En esencia se trataba de incrementar la cantidad de ayuda militar y económica; que los fondos se gestionaran desde el exterior; que se ejecutaran proyectos como carreteras, suministro de agua y, en menor medida, escuelas y servicios médicos; que aumentaran su implicación en Afganistán estados como Francia, Alemania, Italia y España o incluso Estonia y otros. Propuestas, por tanto, que no suponían ninguna novedad, pues ya en tiempos de la guerra de Vietnam el clamor oficial era pedir más ayuda para vietnamizar la lucha. Dos años después, el candidato Barack Obama parece sugerir lo mismo con una sola diferencia: reconoce que los aliados de EEUU en laOTAN no van a facilitar muchas más tropas de combate, por lo que planteala rotación de tres divisiones o sacar unos 10.000 efectivos de Irak para llevarlos a Afganistán.

Examinando el discurso del candidato Obama –ofrecido el 14 de julio de 2008– vemos elementos en relación a Afganistán, siempre bajo la consigna de “hacer de Norteamérica un lugar más seguro”. La anunciada estrategia se compone de cinco elementos: acabar “de un modo responsable” con la guerra de Irak, terminar con la guerra contra talibanes y Al Qaeda, apartar a terroristas y estados canallas de las armas nucleares y tecnologías relacionadas, conquistar la seguridad energética, y reconstruir las alianzas para el siglo XXI. En otras palabras, Obama está empeñado en “terminar con la guerra contra talibanes y Al Qaeda”, que bien podría traducirse como la guerra contra el “extremismo islamista”.

Así pues, hace falta concentrar más recursos en Afganistán, porque es una guerra que “debemos ganar”.El candidato Obama se suma, así, a la solución del Pentágono –derrotar a los talibanes y a Al Qaeda– sin reparar en las causas del auge de dichos actores o en la complejidad de la sociedad tribal en la frontera afgano-pakistaní. Más importante aún, ignora que la resistencia afgana se nutre sin cesar de las víctimas de los actuales bombardeos, asaltos nocturnos a aldeas, secuestros de sospechosos o allanamientos de casas y espacios reservados a las mujeres. El candidato Obama, incluso fracasa a la hora de comprender el viejo axioma de la estrategia guerrillera: la guerrilla gana si no pierde. Para la guerrilla, no se trata de ganar batallas campales sino de mantener la lucha. Los talibanes y sus socios no tienen ningún problema al respecto: disponen de combatientes pastunes a ambos lados de la frontera y cuentan con mecenas en los estados del Golfo Pérsico(y por doquier).

El candidato Obama aboga por una política de intensificación y sigue los pasos del embajador de Gordon Brown en Kabul, que amenaza con “permanecer en Afganistán durante 30 años”. ¿30 años para qué? ¿Paramantener en el poder a un corrupto e impopular régimen títere fortificado en Kabul? No. Más bien, como bien dice Simon Jenkins, para mantener a la OTAN viva en Europa.

Más alarmante es que el candidato Obama (y antes que él, otros como George W. Bush) confunda a los talibanes con Al Qaeda, cuando de hecho comparten muy poco y no se miran mutuamente con gran estima. Los talibanes y Al Qaeda representan dos entidades bien diferenciadas: los primeros son un fenómeno étnico y nacional, que intenta convocar sobretodo a los afganos pastunes. Son sólo una parte de la dispersa resistencia contra la ocupación de EEUU y la OTAN. En cambio, Al Qaeda es una organización no estatal y sin territorio, creada para llevar acabo una violenta yihad donde quiera que sea contra quienes acusa de ser enemigos del Islam. De ser un grupo espacialmente localizado en Afganistán durante la era de los talibanes, Al Qaeda se ha transformadoen una entente transnacional de grupos militantes unidos por la guerra santa. Pero para el candidato Obama existe un solo y simple enemigo indefinido: la unión de Al Qaeda y los talibanes, que será aplastada con más brigadas de soldados ocupantes y más aeronaves en los cielos, y con los prometidos mil millones de dólares anuales para ayuda no militar.

En definitiva, el candidato Obama no promete nada que no exista ya: más conflicto prolongado de baja intensidad, sembrado de infinita muerte y destrucción. Si la escalada militar estadounidense de los últimos dos años sirve para indicar algo, la mayor intensidad propuesta por Obama sencillamente conduce a más muertes civiles, un campo sembrado de más aldeas arrasadas, más artefactos explosivos improvisados y más ataques suicidas, todo acompañado de más ataques conapoyo aéreo, igualmente mortales.

El candidato Obama, sus asesores de la era Clinton y, lamentablemente, mucha más gente no logran identificar un conjunto de limitaciones interconectadas que se podrían llamar los cinco no pueden: EEUU y la OTAN no pueden mandar 400.000 efectivos de combate para ocupar todo Afganistán al completo; EEUU y la OTAN no pueden imponer un gobierno central con poder en Afganistán; EEUU y la OTAN no pueden neutralizar las muy efectivas armas de bajo coste empleadas por la resistencia; EEUU y la OTAN no pueden sellar la frontera con Pakistán y eliminar así el santuario, tan vital en una guerra de guerrillas; y por último, el Gobierno pakistaní no puede ni nunca ha podido dominar las zonas tribales fronterizas y no hay motivo para creer que eso vaya a ser distinto.Los candidatos Obama y McCain prometen más de la misma carnicería, aunque, eso sí, presentada como un cambio.

Marc W. Herold es Profesor de Desarrollo Económico en la
Univ. de New Hampshire (EEUU)

Gentileza Resumen Latinoamericano

Kandahar, mi pelicula

La desolación invade el horizonte. En Afganistán el árido futuro se estanca en un pozo de desesperanza y olvido, mucho mas profundo que los dejados por miles de detonaciones anuales, producto de las minas terrestres desparramas por los soviéticos y los continuos atropelllos estadounidenses. Un país en donde la mirada occidental se incomoda al contemplar la vida cotidiana que viven millones de afganos, siendo al mismo tiempo, causa de la mayoría de los males que recaen sobre ese milenario pueblo.

La película Kandahar (2001) de Hahsen Makhmabat muestra una postal única. El desierto se tiñe esporádicamente de oasis, plantaciones de amapola, precarios pueblos de pastores o improvisadas tiendas de ayuda humanitaria internacional. Mientras el silencio se corta por una ventisca de arena, una procesión de mujeres, enfundadas en sus tradicionales burkas celeste, verde, amarilla, blanca o crema, irrumpen con su canto, el sol termina de cocinar una escena donde el ojo occidental se sentiría más cómodo estando en una playa del Caribe disfrutando de la brisa marina, en lugar de las ráfagas de aire caliente que azotan a un paisaje atemporal.

Afganistán acaso sea el único lugar en el mundo donde llueven piernas ortopédicas en el medio de la nada. Debajo, en un pequeño campamento de la Cruz Roja, cientos de personas mutiladas por las minas, que ya forman parte de la cultura afgana al igual que el Corán y el polémico burka, dejan de lado la espera y se lanzan en una caótica carrera en busca del preciado cargamento.

No solo las minas desangran al pueblo afgano. El hambre, la sed y el abandono son flagelos más destructivos que las esquirlas y detonaciones. A pesar de que los chicos son instruidos para evitar ser víctima de estos artefactos explosivos, no hay ninguna técnica o recomendación para contrarrestar el vacío que produce la hambruna en sus estómagos, salvo un plato de comida. El llanto por no tener qué comer, la falta de medicinas para enfermedades comunes y el agua contaminada son tragedia nacional en uno de los países más pobres y olvidados del mundo.

En este contexto, Occidente se preocupa por las mujeres prisioneras debajo de las burkas y reclama por sus merecidos derechos. Pero la libertad no se logra cuestionando tradiciones a punta de fusil sino sembrando algo olvidado entre las dunas y el hostil clima afgano, algo que casi no se deja ver entre tanto sufrimiento: un poco de esperanza.